La Declaración Universal de Derechos Humanos apela a todas las personas y a todos los sectores de la sociedad, incluidas las empresas y operadores comerciales en general, para que protejan y promuevan los derechos humanos. Las empresas tienen el deber de proteger los intereses, la salud y la seguridad, y los derechos humanos de sus empleados y las personas que dependen de éstos, de sus socios y subcontratistas, y de las comunidades en las que operan. Aunque para Amnistía Internacional los gobiernos son los principales responsables de los derechos humanos, la organización también pide a las empresas que rindan cuentas de la repercusión de sus actividades sobre estos derechos. Las nuevas directrices y normas internacionales animan a las empresas a adoptar políticas y prácticas que respeten las normas internacionales de derechos humanos.
La influencia de las empresas en los gobiernos trasciende el ámbito comercial y económico. Algunas han tomado la iniciativa y establecido códigos de conducta y se han comprometido a cumplir las normas internacionales de derechos humanos.
Amnistía Internacional pide a las empresas que hagan del respeto de los derechos humanos parte integrante de sus negocios con otras empresas, socios, filiales, proveedores y autoridades gubernamentales. A su vez, exhorta a las empresas a defender el derecho de sus empleados a la libertad de expresión y reunión, y de asociación pacífica, que abarca el derecho a formar sindicatos independientes, a organizar actos de protesta pacíficos, y a declarar la huelga, sin temor a ser encarcelados, detenidos ni torturados.
Amnistía Internacional pide a las empresas que garanticen que sus disposiciones de seguridad no llevan a la comisión de violaciones de derechos humanos y son coherentes con las normas internacionales sobre la actuación de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley. Deben examinar el historial de derechos humanos de las fuerzas ue se ocupan de su seguridad y asegurarse de que tienen formación en derechos humanos.
