Resulta desolador revisar las estadísticas sobre la distribución de la riqueza y garantías sociales en América Latina, pues es la segunda región, después de África, que padece una mayor desigualdad en el mundo, mantiene un alto porcentaje de la población en el umbral de la pobreza y la mayor parte de la ciudadanía no puede acceder a los servicios públicos fundamentales. Esta situación es aún más grave si, además, se contrasta con las riquezas naturales que posee.
La paradoja de la riqueza natural y cultural en América Latina
América Latina tiene alrededor del 25% de los bosques existentes en el planeta, y más de la mitad de sus bosques tropicales. En el sistema Amazónico-Pacífico-Darién, que comprende 7.600.000 km2, se encuentra la selva tropical más extensa del mundo. Esto nos da una idea de la diversidad biológica que tiene el continente, y su valoración no sólo debe ser desde la perspectiva de la necesaria conservación de esta riqueza natural, sino que también debe contemplar su papel clave para la regulación del clima, complejidad de la información (genética, cultural), conservación de la productividad del suelo, etc.
El subcontinente posee también una reserva de agua de incalculable valor: el Acuífero Guaraní. El Sistema Acuífero Guaraní es uno de los reservorios de agua potable más grandes del mundo, se extiende desde el centro del Brasil hasta la Pampa Argentina y fluye por debajo de parte del Paraguay y el Uruguay, suministrando agua a millones de personas.
En relación a la diversidad cultural existente, sólo en la cuenca del Amazonas se concentran 400 grupos indígenas.
A pesar de todo ello, casi el 40% de la población vive en la pobreza, y el pago de la deuda se ha incrementado más del doble, con lo que su cumplimiento devora la mitad de los ingresos por exportaciones de bienes y servicios. Además, el mercado de trabajo se basa en el sector informal, que provee ochenta de cada cien nuevos puestos, mientras se estima que el nivel salarial real es inferior al de 1980 [1]. Sólo por citar un ejemplo en este sentido: en México, para satisfacer la Canasta Básica Indispensable se necesitan 10,25 salarios mínimos. La responsabilidad de esta espectacular cifra recae en la contención salarial que han fijado los sucesivos Gobiernos, mientras dejaban que la inflación se disparara más de un 3000% en los últimos veinte años [2].
Así, la población empobrecida de Bolivia, Argentina, México o Colombia se pregunta cómo es posible que una parte importante de la población viva en la pobreza cuando su país tiene tanta riqueza. Muchas veces, para explicar esta desalentadora paradoja se recurre al argumento de la corrupción de la elite política y económica, pero, más allá de esta afirmación, el hecho fundamental es que los Gobiernos de estos países han cumplido, al pie de la letra, las recetas ideadas por las grandes instituciones financieras internacionales para salir de la pobreza. Y ha sido precisamente la aplicación, punto por punto, de las medidas neoliberales durante los últimos 25 años lo que les ha llevado a esta situación.
Porque el caso es que las reformas estructurales, que fueron promovidas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo como la única salida posible para superar la desigualdad, la corrupción política y la crisis económica que azotaban a la región, no han servido para que disminuya la pobreza y la indigencia en las dos últimas décadas. Aunque la versión oficial insiste en que América Latina se habría modernizado al abrir sus mercados a los capitales extranjeros, la realidad es que las inversiones de las corporaciones multinacionales no han contribuido a proporcionar bienestar para la población.
Las recetas económicas para superar la pobreza
La ideología neoliberal se concretó en el cumplimiento del llamado Consenso de Washington, por el que se privatizaron las compañías estatales, se liberalizaron los mercados y se redujo la intervención gubernamental en las actividades productivas. Así, se fue minimizando el papel de los Estados, que abrieron el camino a las grandes multinacionales extranjeras modificando las leyes de forma conveniente para sus intereses. Sectores como los de la energía, la banca, las telecomunicaciones, los recursos naturales, la educación, la salud y el agua, principalmente, fueron el destino elegido por los capitales foráneos, que eran los que, supuestamente, iban a traer el tan ansiado progreso para la región. Pero la verdad es que, en nombre de ese progreso, se fue despojando al Estado, pieza a pieza, del control de los sectores clave de la economía, que quedaron así a merced de los intereses transnacionales.
Con la excusa de la ineficacia de las empresas públicas, que se atribuía a su utilización con fines políticos, al malgasto de los recursos y a la corrupción generalizada, se puso en marcha un proceso de venta de los activos estatales que no cumplió las expectativas generadas. En muchas ocasiones, las privatizaciones se llevaron a cabo a través de operaciones fraudulentas -como en el caso de la venta de la compañía chilena Enersis a Endesa y del mexicano Bancomer al BBVA- y se produjeron cuando detentaban el poder gobiernos muy poco democráticos, como el de Fujimori en Perú y Pinochet en Chile. Y la ausencia de una adecuada planificación pública unida a la lógica de la máxima rentabilidad económica hicieron estragos. Por ejemplo, en el caso financiero, gran parte de los capitales foráneos se apresuraron a salir de Argentina en cuanto olieron cierta inestabilidad económica, acelerando y agravando la entrada del país en la crisis en el año 2001. O, en el ámbito energético, tanto la fragmentación del sistema eléctrico como el intento de amortizar de una forma rápida sus inversiones llevaron a que las multinacionales efectuasen racionamientos de electricidad, que tuvieron repercusiones sobre las condiciones económicas y sociales de la población de Chile en el año 1999, así como de la de República Dominicana (2002 y 2003) y Nicaragua (2006), entre otros casos. Y eso por no hablar de las desastrosas consecuencias que ha tenido para los pueblos y ecosistemas de la región toda esta cesión de soberanía que sólo ha buscado favorecer a las corporaciones transnacionales.
Con el fin de hacer patentes las consecuencias que han traído las distintas medidas promulgadas para favorecer el desarrollo y crecimiento económico de los países de América Latina, se describirán a continuación los principales ejes de la citada reforma.
a) La liberalización de los mercados financieros y productivos, así como la apertura a la inversión extranjera: lo que viene a decir que los sectores económicos de los diferentes países se han de regular por el principio de la libre competencia. Además, se debe facilitar la entrada de capital extranjero para invertir en el país, con la tesis de que habrá una producción más eficaz de riqueza a través de estos capitales.
La creciente desregulación de la economía financiera ha dado alas al capital especulativo. Éstos son recursos que no están destinados a la producción, sino que se introducen en países y regiones buscando ganancias, principalmente en los tipos de interés que se les ofrezcan, y salen en cuanto aparezca una oferta más atractiva en el negocio de multiplicar dinero a partir de dinero. La rapidez con la que huyen estos capitales de un país, si existe la mínima señal de empeoramiento o si han encontrado un país aún más desregulado, les ha dado el nombre de “capitales golondrina”. Aunque la economía financiera apenas sea comprendida por la población y resulte muy lejana y parezca estar sólo al alcance de los accionistas, cuando provoca una crisis económica afecta a toda la ciudadanía. Tan sólo hay que recordar las crisis económicas de los llamados “tigres asiáticos”, en 1997, el “efecto samba” de Brasil en 1999 o el “corralito” de Argentina en 2001.
Siguiendo el paradigma de la apertura económica, las inversiones extranjeras han ido creciendo en importancia en las economías de los países de América Latina. Y gran parte de la Inversión Extranjera Directa es controlada por las corporaciones multinacionales, que a nivel global dominan el 85% de la misma [3]. En este sentido, se ha generado, en estos 25 años, un sistema de competencia entre los distintos países del Sur para la atracción de estas corporaciones.
Las condiciones que atraen a estos capitales han sido, por un lado, establecer ventajas fiscales como exenciones, proceder a la eliminación del pago de pensiones y de la seguridad social a los trabajadores y trabajadoras, o reducir las regalías al país en el caso de ser industrias extractivas. Por otro lado, se han incluido modificaciones legislativas que permitan la reducción o flexibilización de las condiciones laborales, se ha ampliado la subcontratación, se ha reducido todo tipo de ayuda a la economía local y los subsidios a la población más empobrecida, se han elevado las tarifas de los servicios, se han eliminado las leyes de protección a los espacios naturales mejor conservados...
El hecho es que basar una parte importante de la economía en la atracción de capital foráneo a partir de la reducción de costes de producción (laborales, de recursos, infraestructuras) tiene un peligro: siempre existirá otro país con costes más reducidos. Así, uno de los axiomas del neoliberalismo -la competitividad de la economía- somete a la población a una brutal competencia por la reducción de sus condiciones laborales y a la vez incrementa la plusvalía de los grandes empresarios. Esta relación entre el enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de muchos representa las dos caras de una misma moneda.
b) La privatización de las grandes empresas públicas: el libre comercio no permitía la permanencia de las empresas públicas, la argumentación de lo privado como garante de eficiencia y desarrollo se imponía, y determinaba que se vendieran en este período multitud de empresas a un precio irrisorio si se tenía en cuenta su valor estratégico. Los ejemplos son múltiples: YPF en Argentina, Enersis en Chile, Banespa en Brasil y la Empresa de Energía de Bogotá en Colombia, entre otros.
c) La reducción del papel del Estado: si, durante los años ochenta, el papel del Estado era fundamental para implantar la corriente desarrollista, que presionaba a los Gobiernos a invertir grandes sumas de presupuesto en infraestructura y servicios, en los noventa, tras la crisis de la deuda externa y la corrupción en la gestión estatal, se imponía su reducción. El desmantelamiento del Estado se ha realizado cortando su financiación, ya que se vendieron las empresas que eran rentables y se minimizaron los ingresos por impuestos en la economía, así como mediante el recorte de su papel gestor en las empresas. De este modo, el control estatal ha quedado muy debilitado, ya que su función reguladora apenas puede desarrollarse con eficacia a través de sus paupérrima financiación. La única función que le ha quedado, entonces, es la modificación de la ley para favorecer la gestión privada, la inversión extranjera y el fortalecimiento del sistema securitario para proteger estas inversiones.
Las reformas descritas han continuado y se han profundizado, primero, a través de la llamada Ronda de Doha, impulsada en el seno de la OMC a partir del 2001, que viene a profundizar la liberalización del sector servicios y el fortalecimiento de las políticas de protección de propiedad intelectual. En cambio, la oposición de los países del Sur en bloque, fundamentalmente en el ámbito agrario, paralizó esta nueva forma de presentar las medidas neoliberales. Así que el cauce tomado en la actualidad, bajo el pretexto de reducir las barreras comerciales internacionales como una forma de sacar de la pobreza a millones de personas, es a través de los Tratados de Libre Comercio como los firmados por México, Canadá y Estados Unidos; o por el Mercosur y la Unión Europea (UE) o el reciente lanzamiento de los Acuerdos de Asociación de la UE con Centroamérica.
Evaluación de los fines conseguidos con la reforma
Tras la aplicación de estas medidas durante más de veinte años, el desarrollo prometido no se ha hecho realidad y continúan siendo patentes las fuertes desigualdades que enquistan la situación de pobreza de América Latina. A continuación, se profundizará sobre los principales impactos de las medidas citadas.
a) Graves impactos en la población por la extracción y exportación de recursos naturales
La proliferación de la extracción de recursos naturales es favorecida por planes que fomentan las exportaciones, fundamentalmente de materias primas, con miras “al crecimiento y el desarrollo”, y están controladas fundamentalmente por capitales extranjeros. Entre las consecuencias del desarrollo de este tipo de sector se encuentra la exigencia en la ocupación e intervención de inmensas extensiones de territorio, como es el caso del:
- Agronegocio (soja, eucaliptos, agrocombustibles): se estima que Argentina perdió casi dos tercios de sus bosques originarios durante el siglo veinte. Gran parte de ese territorio está ahora ocupado por cultivos de soja, algodón y maíz transgénicos (140.000 km2), plantaciones de pinos y eucaliptos [4].
- Minería e hidrocarburos: el área concesionada a proyectos mineros tiende a cubrir un promedio del 10% del territorio de América Latina. Los países que apuestan por este tipo de actividad tienen una legislación muy débil, en materia de impuestos o regalías, para que un mínimo porcentaje de los beneficios de esta actividad pueda repercutir en la población. Así podemos leer la forma de ser competitivo en este sector según la consultora Metals Economic Group: “Países que no aplican regalías atraen la mayor inversión minera”. La ausencia de regalías se suma a la procedencia de las principales corporaciones mineras, éstas son canadienses, estadounidenses e ingleses (Drummond, Glencore-Xtrata, Anglo American, Bhp Billington o Anglo Gold) de manera que sus ingresos por venta van directamente a las casas matrices. A parte de los impactos económicos, hay que señalar el impacto ambiental difícilmente recuperable, por la deforestación, movimiento de tierras, emisión de cianuro, contaminación de acuíferos y ríos, etc. [5] Y una situación análoga se produce con los impactos de asociados a la presencia de las empresas petroleras por toda la región.
b) Desigualdad comercial
En Centroamérica, la teoría del libre comercio que permitiría la exportación de los productos más baratos de esta región y por lo tanto su crecimiento económico es una quimera. La actividad comercial actualmente existente entre ambas zonas indica que Centroamérica (con excepción de Costa Rica) exporta hacia Europa primordialmente bienes primarios, mientras que importa bienes manufacturados. Debido al menor dinamismo en el crecimiento de la demanda de los bienes primarios, es previsible que si esta estructura de intercambio comercial se mantiene, las exportaciones de la UE hacia Centroamérica crecerán, mientras en sentido contrario se vivirá un proceso mucho más lento.
En los últimos ocho años la exportación de Centroamérica hacia la UE ha crecido un 50%, lo que podría parecer una cifra satisfactoria se desvanece cuando salen a relucir los datos contrarios. Las importaciones de Centroamérica desde la UE se han incrementado un 300% en ese mismo periodo [6].
La economía mexicana, por incidir en otro ejemplo, está inmersa en una aparente contradicción. México es, tras Chile, el país latinoamericano que más acuerdos de libre comercio y de complementación económica ha firmado, en total 43 documentos en este sentido. Al mismo tiempo, el crecimiento sigue sin lograr verdaderamente despegar y, lo más preocupante, los tan esperados beneficios del libre comercio apenas sí llegan a un reducido sector de la población. La Secretaría de Economía emitió un comunicado en el que evaluaba los doce años del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, y, según el mismo, entre 1993 y 2005 la economía mexicana creció un 39,8% en términos reales. Pero este crecimiento, que se basa también en un incremento de las exportaciones, no repercute en la población, ya que proceden principalmente de los estados de la zona fronteriza y centro, donde se ubican las maquilas. Estas empresas exportadoras se “autocompran” los insumos que requieren para producir sus mercancías, de manera que no generan en el país cadenas productivas y, por ello, los beneficios recaen en unas pocas transnacionales [7].
c) Mercantilización de los servicios públicos
Los servicios públicos han sidos puestos a la venta y son gestionados por grandes corporaciones multinacionales bajo una serie de expectativas, las cuales iban desde la reducción de las tarifas por la libre competencia a la mejora de la calidad del servicio, pasando por el ahorro de la administración pública o la transparencia. En cambio, tras la entrada de estos grupos empresariales, lo que ha obtenido la población ha sido escepticismo. Primero, porque las tarifas no se han reducido, sino más bien lo contrario: se han incrementado, especialmente para los sectores de la población más empobrecidos, debido a la desaparición de los subsidios que permitían el pago de los servicios básicos de estos sectores. Así, por poner el caso de Colombia, el grupo 1, que representa el sector con menos recursos económicos, ha sufrido durante el periodo de privatización de los servicios públicos, un incremento de su gasto personal del 118%.
(Fuente: R. Bonilla González, “Regulación: una década de aproximaciones”, Revista de Derecho y Economía, nº 19, Bogotá, 2004. [8])
Además, la calidad y la cobertura del servicio, que en teoría iban a mejorar con las reformas, apenas han sufrido una evolución positiva, ya que las inversiones en infraestructuras han sido mínimas y se ha antepuesto el beneficio a corto plazo frente al mantenimiento de un sector. Esta situación es especialmente grave cuando se trata de la gestión de un recurso básico para la vida como es el agua.
Las políticas del máximo beneficio han supuesto consecuencias tales como el incremento de las tarifas y de la instalación del abastecimiento, que obliga a utilizar otras fuentes no seguras de agua. La ausencia de extensión de la infraestructura a las zonas empobrecidas las someten a los precios de los aguadores, que los multiplican aún más. Y la ausencia de sistemas de canalización y depuración agravan la situación insalubre de estas zonas. Finalmente, la consecuencia lógica del deterioro del servicio es la multiplicación de enfermedades ligadas al agua, creando un fenómeno nuevo: “la pobreza de agua”.
Por otro lado, la privatización de los servicios públicos no ha significado una reducción del gasto público como se creía: cuando existe la necesidad de una inversión no rentable, como la extensión del servicio de agua o electricidad a las zonas pobres, es el Estado quien lo hace. Y cuando las empresas privadas se declaran en quiebra es el Estado el que tiene que inyectar dinero para salvarlas, y si la recaudación de estas empresas es reducida y hace disminuir sus beneficios presionan al Estado para obtener subsidios al consumo. Es decir, el Estado, ahora ya sin la capacidad de financiación que tenía con las empresas estatales rentables y con un sistema fiscal esquelético, debe seguir invirtiendo para salvar la inversión extranjera.
d) Oligopolio privado y ausencia de transparencia en los contratos
La libre competencia, que era una de las banderas utilizadas por el neoliberalismo para sacar de la pobreza a la población de los países del Sur, tampoco se ha cumplido. Los monopolios estatales que se vendieron pasaron a reducidas manos privadas, en el caso de la distribución de electricidad en Nicaragua a una sola compañía: Unión Fenosa.
En el año 2000, el Estado nicaragüense vendió a Unión Fenosa las dos empresas encargadas de la distribución de electricidad en el país, en un proceso un tanto dudoso. Las sospechas de fraude están en la modificación de la legislación, que favorecía a la empresa española, sólo unos meses antes de la venta. Así, antes de la modificación, para que un concurso público nicaragüense, que ponía en manos privadas una compañía estatal, fuera válido se tenían que presentar varias compañías, en cambio, con la nueva legislación era igualmente válido si sólo se presentaba una. Y efectivamente, sólo se presentó Unión Fenosa. Actualmente, el país tiene sólo un 52,1% de la población con electricidad, hay regiones enteras sin infraestructura eléctrica y arrastra una crisis energética desde hace años que en estos dos últimos se ha hecho insostenible, con períodos en los que los apagones alcanzan las 10 horas diarias [9].
En relación a la opacidad en los contratos, otro de los ejemplos más conocidos es la compra de YPF por Repsol. Esta adquisición costó diez veces menos de lo que valía, a cambio de un cheque en blanco y una residencia en Barcelona que Alfonso Cortina, presidente de Repsol, pagó al gobernador responsable de la compañía vendida.
e) Desigualdad jurídica
Los tratados bilaterales de libre comercio son el eje central del Derecho Internacional del Comercio. Y las denuncias que pueda hacer cualquier compañía, por aquello que considera que viola las condiciones del contrato firmado, no se presenta al sistema judicial del país sino a los Tribunales Arbitrales, entre los que destacan los constituidos en el seno del Banco Mundial, como el Centro de Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (CIADI). Las sentencias de estos tribunales son ejecutivas, es decir que si el Tribunal emite la culpabilidad del Estado en perjuicio de las multinacionales, situación que se da con bastante frecuencia, se emite una sanción o multa de obligado cumplimiento [10] y toda la ciudadanía del país debe pagar la multa a la empresa.
En cambio, la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los diferentes Pactos Internacionales, las normas de la OIT, las Directrices de la OCDE para las empresas transnacionales, la soberanía de los Estados... son normas reiteradamente incumplidas, porque no son ejecutivas [11]. Cuando el Tribunal de La Haya condenó a Israel por la construcción del muro con Palestina y determinó su eliminación, la sentencia no fue ejecutada, nadie ha obligado a Israel a quitar el muro, por lo que la condena se queda como una reprobación moral. Es decir, aquí se presenta un desigualdad entre la normativa dura, a la que acuden las multinacionales, y la normativa blanda, que puede ser utilizada para la defensa de los derechos de la ciudadanía.
Para dar un ejemplo de cómo se ha empleado este tipo de justicia internacional, basta con dar ejemplos como el de Repsol en Bolivia. Cuando esta compañía entró a operar en el país los contratos de explotación anteriores a la nacionalización eran, en muchos casos, ilegales. No estaban aprobados por el Parlamento de Bolivia, ni respetaban los volúmenes de extracciones establecidos en los contratos, ni el pago de los impuestos correspondientes, ni las revisiones periódicas de los mismos, ni la propiedad de las reservas... La inseguridad jurídica que generaban era total [12]. En cambio, una ley de primer paso de nacionalización por el gobierno de Evo Morales ha sido visto como una amenaza y se habló de denunciarlo ante estos Tribunales de Arbitraje.
Los beneficiados de las reformas neoliberales
Así pues, más de dos décadas después de que América Latina emprendiera el camino de las reformas estructurales que debían configurar un nuevo panorama en el continente, lo que sí parece claro es que la realidad social, política y económica latinoamericana permite comprobar quiénes han sido los beneficiarios de todo el proceso: las elites políticas y económicas de la región y de los principales países inversores.
Además, habría que destacar entre estas elites a las multinacionales, pues cada medida tomada ha sido un paso que ha permitido la entrada y la obtención de beneficios a corto plazo para estas corporaciones. Y entre las más beneficiadas están las multinacionales españolas, que han llegado a controlar grandes sectores de la economía de América Latina. La compañía Repsol es la primera petrolera privada de la región, Endesa es líder en el sector eléctrico y el grupo Santander es la corporación financiera más fuerte de esta misma región. Pero, en cambio, lejos de avanzar en la reducción de las desigualdades, lo que han hecho las empresas transnacionales es aprovecharse de ellas en su propio beneficio, favoreciendo el monopolio del poder en cada vez menos manos.
Erika González y Pedro Ramiro Observatorio de Multinacionales en América Latina Este artículo ha sido publicado en el nº 1.446-1.447 (16 de diciembre de 2007 al 15 de enero de 2008) de la revista Noticias Obreras.
NOTAS:
[1] MARTÍNEZ, O. (2007) “Los desatinos del Banco Mundial”. Cubarte - Portal de la Cultura Cubana.
[2] “El salario actual, una infamia para el trabajador”. El Fisgón, 2006. En línea en http://www.sme.org.mx
[3] VERGER, A. (2003): El sutil poder de las empresas transnacionales. Observatorio de la Deuda en la Globalización. Icaria, Barcelona.
[4] CIFUENTES, R. (2006): “Transnacionales, saqueo de recursos y conflicto ambiental en Latinoamérica”. Globalización, Revista Mensual de Economía, Sociedad y Cultura. Número de Agosto-Septiembre.
[5] Resolución del Tribunal Minero en Colombia. Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión sobre empresas transnacionales y derechos de los pueblos en Colombia, Segunda audiencia. Medellín, 10 y 11 de noviembre de 2006.
[6] MACHADO, D. (2007): “Acuerdo de Asociación Unión Europea - Centroamérica: Análisis y consecuencias”. Boletín OMAL nº 18, abril.
[7] VELÁZQUEZ, M. (2007): “México: TLCAN, espejismo y realidad”. Pueblos, nº 27, julio.
[8] RAMIRO, P.; GONZÁLEZ, E.; PULIDO, A. (2007): La energía que apaga Colombia. Icaria - Paz con Dignidad, Barcelona.
[9] CARRIÓN RABASCO, J. (2007): “Privatiza que privatizarás, que sin luz los dejarás”. Pueblos, nº 27, Especial América Latina, julio.
[10] HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA, J. (2007): “Sobre la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. La seguridad jurídica”. Congreso de Hegoa: El desafío del desarrollo humano. Propuestas locales para otra globalización. Bilbao, febrero.
[11] Ibídem.
[12] Ibídem.
Nota: El texto citado en el presente blog, fue extraído de un Medio de Comunicación de libre acceso en Chile y NO REPRESENTA necesariamente la opinión de Amnistía Internacional.
